By Piolín News
TIJUANA, B.C.,a 27 de abril de 2026 . — La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Tijuana, encabezada por Olivaldo Paz Gómez, reafirmó su decisión de romper la relación institucional con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y respondió con firmeza a los señalamientos emitidos por la máxima cúpula de la iniciativa privada.
Paz Gómez, subrayó que esta determinación no es unilateral, sino resultado de un acuerdo del Consejo Directivo y del Consejo de Expresidentes, sustentado en hechos documentados, oficios formales entregados en distintas fechas y en la ausencia de una respuesta que garantice la restitución de los recursos correspondientes al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).
“Este no es un tema de opinión ni de costumbre. Es un tema de Ley. Los recursos del SIEM no son discrecionales y no pueden ser administrados fuera del marco legal”, puntualizó el líder de Canaco en rueda de prensa.
Canaco Tijuana presentó evidencia documental que acredita la solicitud reiterada de entrega de recursos, con la inclusión de tres oficios formales dirigidos al CCE, así como comunicaciones recientes en las que se intentó realizar una transferencia parcial de los mismos, aplicando una retención del 20 por ciento, sin sustento jurídico.
El empresario aclaró que dicha retención no está prevista en la ley ni en los reglamentos aplicables, y que su uso unilateral confirma las irregularidades en la administración de estos recursos.
De igual manera, se desmintieron los argumentos del CCE en el sentido de que no existe retención, al precisar que los recursos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo no han sido entregados conforme a lo que establece la normatividad, y que cualquier intento de entrega condicionado o incompleto no cumple con los principios de legalidad y transparencia.
El equipo técnico y jurídico de Canaco Tijuana explicó que el esquema actual de operación del SIEM, mediante el cual el CCE interviene en la captación y distribución de recursos, carece de fundamento legal, toda vez que no cuenta con atribuciones conferidas por la Secretaría de Economía para llevar a cabo estas funciones.
Se detalló que el origen de esta práctica se remonta a convenios celebrados en administraciones pasadas, los cuales no sustituyen la ley ni otorgan facultades permanentes, por lo que su continuidad durante años no valida su legalidad.
“Que una práctica tenga tiempo operando no significa que sea correcta. La ley es clara y debe cumplirse”, se enfatizó.
Canaco Tijuana reiteró que no ha solicitado recursos que correspondan a otras cámaras, sino únicamente a aquellos que le pertenecen conforme a derecho, y rechazó cualquier intento de desviar la discusión hacia narrativas de división o supuestos conflictos internos.
Durante la exposición del tema se informó que, una vez agotado el plazo institucional otorgado sin una respuesta favorable, el organismo inició la preparación de las acciones legales correspondientes, las cuales podrán derivar en procedimientos administrativos, civiles y penales.
La Cámara subrayó que este paso responde a su obligación de proteger los intereses del comercio organizado y garantizar el correcto manejo de recursos que tienen un origen federal y una finalidad específica dentro del sistema empresarial.
Canaco Tijuana reiteró que esta postura no es un acto de confrontación, sino una decisión institucional basada en la legalidad, la transparencia y la responsabilidad hacia sus afiliados, al destacar que continuará con firmeza para corregir prácticas que no se apeguen al marco normativo vigente.
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