Fragoso Lopez: Sordo, Ciego y Mudo, ante la descarada c0rrupción”

      Por La Nueva Era .

Tijuana, B.C. —  La c0rrupción en los juzgados civiles de Tijuana sigue escalando proporciones escandalosas y vergonzosas ya que diferentes jueces se “manejan, como viles serviles y arrastrados que sin pudor alguno se venden peor que pr0stitut4s de bares baratos.

 Las denuncias contra diferentes jueces civiles de Tijuana continúan escalando y ahora los señalamientos ya no solo alcanzan a jueces y funcionarios judiciales, sino también a abogados litigantes presuntamente beneficiados mediante una red de favoritismos, convivios privados y trato preferencial dentro del Poder Judicial de Baja California y lo peor, es que se presumen que algunos de estos “togados o jueces”.

Algunos de ellos sirven como lacayos a d3lincuentes de los diferentes c4rteles que operan en Baja California, y todo gracias al disimulo del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia  en el Estado Alejandro Isaac Fragoso Lopez que pese a las denuncias públicas que se han estado presentando en las redes sociales poco y nada importancia les ha dado mucho menos indicaciones para que el Tribunal Disciplinario actúe en consecuencia investigando este tipo de c0rruptelas descaradas.

En medio del creciente escándalo que rodea al Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezado por Isaac Fragoso, litigantes y afectados aseguran que la c0rrupción dentro de los juzgados civiles en Tijuana ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en una práctica presuntamente normalizada.

Entre los nombres que ahora surgen en las denuncias aparece la licenciada Marisela Lluasas Félix, quien, según acusaciones realizadas por denunciantes y litigantes, presuntamente mantiene una relación privilegiada con diversos jueces civiles y que de acuerdo con las versiones señaladas por afectados, la litigante presuntamente organiza y financia posadas, convivios y fiestas privadas para jueces y personal de distintos juzgados civiles, “pachangas” donde distribuye todo clase de regalos  generosos y sobres abultados de dinero generando con ello un supuesto ambiente de favoritismo y acceso preferencial dentro de los tribunales para que le autoricen toda clase se sentencias positivas a su favor en las preinscripciones que presenta de donde ha estado enriqueciéndose gracias a los favores de los jueces, principalmente del titular del Juzgado segundo de lo Civil José Manuel Castro Valenzuela que entre litigantes, despachos jurídicos y colegios de abogados se dice que este dizque servidor publico no es otro cosa mas que un rufián que se ha estado enriqueciendo con su cargo y pese a ello Fragoso Lopez se hace “el sordo, mudo y ciego” permitiendo estas “porquerías” cuando debería de poner el ejemplo castigando a esta clase de jueces, quienes en lugar de velar por la justicia se dedican a servir a verdaderos delincuentes por eso el pueblo ya no cree  en la justicia, mucho menos en el gobierno ya que la justicia es para los ricos y la cárcel  para los pobres.

Los denunciantes aseguran que, de manera “curiosa”, la mayoría de las resoluciones promovidas por dicha abogada terminan favoreciéndola, mientras que otros litigantes denuncian retrasos, obstáculos y un trato desigual dentro de los procesos judiciales.

Además, las acusaciones sostienen que existirían múltiples casos de prescripciones positivas presuntamente irregulares mediante las cuales se habrían apropiado terrenos y propiedades completas, afectando directamente a legítimos propietarios y familias enteras.

Los señalamientos también vuelven a alcanzar a jueces civiles previamente denunciados, entre ellos Manuel Castro y Pedro Galaz. Sobre este último, denunciantes aseguran que presuntamente mantiene vínculos con lo que diversos litigantes han denominado como un “cártel inmobiliario”, además de ser señalado por supuestamente favorecer y facilitar resoluciones positivas para abogados relacionados con el llamado Grupo Concordia y de otorgar trato preferencia a un tal abogado de nombre Carlos Atilano y servir de la misma forma a empresas inmobiliarias acostumbradas “ hacer cuanto les viene en gana” para apoderarse de grandes extensiones de tierra, principalmente en ejidos de manera “amañada apoyados en demandas legaloides que siempre “ganan”.

Asimismo, también ha comenzado a ser mencionado el licenciado Tomás Ponce de León, quien, según denunciantes, presuntamente opera una escuela dirigida a jueces civiles y de lo familiar, situación que —aseguran— le habría permitido construir una relación cercana con diversos integrantes del Poder Judicial.

De acuerdo con las acusaciones, Tomás Ponce de León presuntamente contaría con privilegios dentro de distintos juzgados para obtener resoluciones favorables, además de ser señalado como uno de los principales proveedores de recursos económicos para jueces y personal relacionado con los juzgados mencionados en las denuncias.

Los denunciantes afirman además que el litigante presuntamente posee un capital económico considerado de “muy dudosa procedencia”, situación que ha comenzado a generar cuestionamientos y exigencias para que autoridades fiscales y órganos Antic0rrupción investiguen el origen de dichos recursos y posibles vínculos con actos irregulares dentro del sistema judicial.

Abogados inconformes señalan que el problema ya no puede considerarse aislado, pues aseguran que existe una estructura de complicidades que opera dentro de los juzgados civiles, donde quienes cuentan con relaciones cercanas, privilegios o recursos económicos reciben presuntamente un “trato VIP” que termina influyendo en resoluciones judiciales.

Asimismo, litigantes y ciudadanos afectados exigen de manera inmediata la renuncia del licenciado Isaac Fragoso, a quien califican como el principal responsable de permitir y presuntamente solapar las irregularidades denunciadas dentro del Poder Judicial.

Los inconformes aseguran que la magnitud de los señalamientos ya supera posibles actos aislados de corrupción y comienza a presentar características que, afirman, “parecen más cercanas a esquemas de delincuencia organizada” debido al nivel de presuntas complicidades, beneficios económicos y protección interna señalada dentro de diversos juzgados civiles de Tijuana.

La falta de una investigación pública y transparente por parte del Poder Judicial de Baja California ha incrementado la indignación entre afectados, quienes exigen la intervención inmediata de órganos anticorrupción, fiscalías y autoridades federales para esclarecer las denuncias y determinar si existe una red de corrupción operando dentro del sistema judicial en Tijuana.