TIJUANA, B.C. — Luego de confirmar que en 2025 nuestro país, México, ocupó el segundo lugar mundial de vulnerabilidad a ciberataques, el director de Proyectos de la Comunidad de Google en Tijuana y Baja California, Gabriel García Pérez lamentó también que nuestro estado es el segundo más ciberatacado, después de la Ciudad de México.
Esto se debe, indicó, por nuestra posición geográfica, y, que, tanto en Baja California como en todo el país, hay descuidos en la inversión de infraestructura y herramientas de ciberseguridad.
“Mucha gente no cree necesario invertir en infraestructura y personal técnico, y, con los avances de la tecnología, los dispositivos y aplicaciones se van haciendo cada vez más vulnerables”, explicó.
La infraestructura que debe estarse renovando, implica comprar “servidores nuevos”, en algunos casos, “servidores” robustos, en cuanto a lo físico, que, por supuesto, debe ser celosamente resguardado con medidas de seguridad, aparte de actualizar herramientas digitales como las que ofrece Google.
Es importante actualizar todas las aplicaciones, tanto en equipos de computadoras fijas, portátiles (laptops) y teléfonos celulares; así como implementar las medidas de doble , y renovar contraseñas periódicamente.
El principal ciberataque es el phishing (algo así como “pescar”), que es una técnica de ingeniería social en la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas, bancos u organismos oficiales. Su objetivo es engañar a la víctima a través de correos electrónicos, SMS o mensajes falsos para que revelen datos confidenciales, descarguen malware o realicen transferencias económicas.
Sí implica riesgos de ciberseguridad el registro telefónico
Sobre la obligatoriedad al registro de usuarios de telefonía móvil (para personas físicas y morales), Gabriel García aclaró primero que es un “tema delicado”, porque, en primer lugar, es una ley recientemente aprobada, y que, lamentablemente, sí pone en un estado de vulnerabilidad a los propietarios de esos dispositivos.
La vinculación del número telefónico con la CURP se convirtió en un trámite obligatorio desde el 9 de enero como parte de una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), y el plazo límite de registro es el 30 de junio, según los legisladores federales, para combatir delitos como extorsión, fraudes y llamadas anónimas mediante la identificación de los titulares de cada línea móvil.
El problema, o dilema, observa el experto de Google en Tijuana, es que recientemente se descubrieron hackeos a Telcel, y eso vulneró la seguridad de los usuarios de esa empresa de telefonía; “habría que analizar que la compañía a la que perteneces invierta en infraestructura y herramientas de ciberseguridad”, puntualizó.
Por otra parte, comentó que, quizá, si no logran las compañías de telefonía móvil un porcentaje del 90% de registros, o se tenga que declarar prórroga o se tenga que hacer nuevas reformas a las leyes en esa materia de combate a la extorsión y fraudes.

