By Piolín News
Tijuana, Baja California – 15 de marzo de 2026.- Mientras el XXV Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, presume avances en transparencia y bienestar social, un funcionario con un expediente administrativo por irregularidades presupuestales sigue recibiendo salario público en un puesto clave.
Javier Iván Maldonado Preciado, actual titular de la Unidad de Planeación, Control y Seguimiento, cargado a la Secretaría de Bienestar, hace seis años, en enero de 2020, entonces director del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV) durante la administración de Arturo González Cruz, fue señalado públicamente por el propio alcalde y por el Cabildo por una ejecución presupuestal irregular.
Destinó 1 millón 792 mil pesos al programa de becas PRISA (Estímulos Económicos para jóvenes), entregando los recursos en efectivo sin la autorización previa del Cabildo ni la modificación correspondiente al presupuesto de egresos.El dictamen de regularización fue presentado extemporáneamente y rechazado por mayoría en sesión de Cabildo el 21 de enero de 2020.
El entonces alcalde González Cruz declaró en medios: “Es una situación irregular; el director va a tener que resolver esa situación, probablemente a través de Sindicatura”. El caso fue turnado a la Sindicatura Municipal y, el 7 de febrero de 2020, Maldonado fue removido del cargo junto con otros funcionarios por “malas prácticas en la ejecución de las partidas presupuestales”.
El semanario ZETA y otros medios locales documentaron que, aunque el dinero se destinó a jóvenes estudiantes, el procedimiento violó la normatividad vigente (artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California). No se trató de un delito penal, no hay expediente en Fiscalía ni sanciones posteriores reportadas en Plataforma Nacional de Transparencia, pero sí de una falta administrativa grave que derivó en su destitución.
Seis años después, el mismo Javier Iván Maldonado Preciado aparece en el organigrama oficial del Ayuntamiento, mientras que en 2023 buscó ser regidor por Morena.
La pregunta es obligada: ¿Cómo es posible que una administración que invoca el eslogan de la 4T —honestidad, no corrupción, transformación real— permita que una persona removida por irregularidades presupuestales siga cobrando del erario público?
El actual alcalde Burgueño Ruiz realizó cambios en su gabinete apenas el 23 de febrero de 2026, presumiendo “fortalecimiento” y “transparencia”. Sin embargo, el nombre de Maldonado Preciado permanece en el directorio oficial sin explicación pública sobre su reinserción. ¿Se trata de la misma “honestidad” que prometió la 4T a nivel federal y que ahora replican aliados locales? ¿O es la continuidad de las viejas prácticas donde las irregularidades se perdonan cuando el funcionario regresa por la puerta de atrás?
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