IMPONE LEGISLACIÓN SANCIONES POR EL MAL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Tijuana, B. C., a 15 de Noviembre de 2025.- En materia de residuos peligrosos y daños a la biodiversidad, la legislación ambiental mexicana prevé no solo grandes sanciones económicas, sino también penales, alertó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, A. C. (CIGAMX).
Entrevistado en el marco de la sesión número 135 del Seminario Permanente de Desarrollo Sustentable, el ingeniero bioquímico opinó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha estado cada vez más activa y en la actual administración federal regresó recargada para demandar el cumplimiento de la ley.
“Hay sanciones administrativas, como multas y cierres temporales o definitivos de una empresa, pero también hay otras de carácter penal, de hasta 9 años de cárcel; la ley marca como responsables a los socios y representantes legales y, en el caso de residuos peligrosos, ni siquiera alcanzarían fianza”, recalcó.
Añadió que el cumplimiento de la regulación ambiental se ha vuelto cada vez más estricto y México debe redoblar esfuerzos, especialmente en estos meses, porque está en revisión el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el país podría recibir sanciones económicas por falta de cumplimiento de su propia regulación.
“En el caso de las sanciones administrativas, el monto de la multa va a depender de varios factores, como es si hay reincidencia, si hubo un beneficio económico para la empresa causante del daño o si hubo intencionalidad, eso puede multiplicar el efecto de la multa”, mencionó Zavala Álvarez.
Por su parte, el ingeniero Fernando Osuna Escalante, expositor invitado al Seminario Permanente de Desarrollo Sustentable en la sesión del miércoles 12 de noviembre, dijo que las multas por daños ambientales causados tanto por personas físicas, como por personas morales, alcanzan montos bastante altos.
“Las multas van desde los 32 mil 571 pesos para personas físicas, como inicio y 5 millones 428 mil 500 pesos, es el rango; para persona moral, de 108 mil 570 pesos, a 65 millones 142 mil pesos, según lo que marca la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”, detalló.
Osuna Escalante, quien es consultor en materia de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Protección Civil y Gestión de Residuos, aclaró que el procedimiento interno de la Profepa para estimar la multa considera la gravedad de la falta, si hubo reincidencia o dolo y la capacidad de pago de la empresa.
Destacó que si, por ejemplo, una empresa recibe una multa de 3 millones de pesos, pero está participando en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que es el mecanismo de certificación voluntario de la Profepa para mejorar su desempeño ambiental, se le descuentan dos terceras partes y pagaría 1 millón.
Al participar en el Seminario de este miércoles, la ingeniera Jessica Castañeda Castillo, asesora técnica del CIGAMX, opinó que la legislación ambiental es el eje rector de las políticas públicas, aunque enfrenta el reto de la actualización y de su complejidad por la diversidad de temas e instancias de gobierno.
“Parte de la complejidad son los temas que incluye la materia ambiental: es aire, agua, riesgo, impacto, residuos, ruido, suelo; si vamos separando estos temas, vemos que competen a distintas dependencias y órdenes de gobierno”, afirmó.
El maestro Luis Gerardo Domínguez, subdirector del CIGAMX, opinó que un ejemplo de incumplimiento son las playas de Tijuana y Rosarito, que en estudios hechos en el verano de 2025 aparecen entre las más contaminadas del país.
Según la Cofepris, indicó, 16 playas mexicanas se clasificaron como no aptas para uso recreativo y una es la de Tijuana, donde los monitoreos detectaron de forma recurrente niveles de hasta 741 enterococos, superando el límite permitido de 200 enterococos por cada 100 mililitros, establecido por la norma ambiental.
En cuanto al modo en que la ciudadanía puede participar en el cumplimiento de las leyes ambientales, el ingeniero Fernando Osuna resaltó que mediante el poder del consumo, no comprando productos no amigables con el ambiente.
“No lo compres si consideras que tiene mucho embalaje o empaque por temas mercadológicos; por ejemplo, la pasta de dientes no necesita esa caja, es una caja para que se vea bonita en el aparador, ya viene en un tubo que no necesita un segundo empaque, en países europeos solo usan el de plástico”, explicó.
Respecto a los cambios que juzga necesarios para fortalecer la aplicación de la ley, Osuna Escalante respondió que las instituciones ambientales deben poner el ejemplo y que no haya impunidad, porque “la palabra convence y el ejemplo arrastra”, además de asignar más presupuesto y personal para la inspección.
El Seminario Permanente de Desarrollo Sustentable refrenda el compromiso ambiental del CIGAMX, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur) y el Programa LEAD México.