#PorSiNoLoSabias

En diplomacia, a veces no hace falta decir nada para enviar un mensaje. La reciente visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a Tijuana fue una de esas ocasiones donde el silencio habló más que cualquier discurso: la gobernadora Marina del Pilar Ávila no fue incluida en la agenda formal del representante diplomático del principal socio comercial y político de México.

Es cierto que Marina del Pilar fue invitada previamente, en un contexto social, a la celebración del 4 de julio organizada por el Consulado. Sin embargo, lo verdaderamente relevante es su omisión en una visita oficial donde se discutieron temas de seguridad binacional, cooperación institucional y control fronterizo. Una omisión quirúrgica que dejó claro que la mandataria bajacaliforniana ya no es considerada una interlocutora confiable para Washington.

Ese gesto, en cualquier país serio, encendería todas las alarmas del aparato federal. Pero en México no ha ocurrido así. No hay un control de crisis en marcha. No hay deslindes, ni investigaciones internas, ni medidas precautorias. En su lugar, hay silencio oficial, complacencia partidista y, peor aún, respaldos públicos a quienes están siendo investigados internacionalmente.

El caso de Carlos Torres, esposo de la gobernadora, es paradigmático. Señalado en carpetas del Departamento de Justicia de EE.UU. por presunto lavado de dinero, encubrimiento criminal y desvío de recursos disfrazados de programas sociales, es hoy una de las piezas más incómodas para la relación México–Estados Unidos. La información no proviene de filtraciones periodísticas ni de rumores políticos: procede de agencias como la DEA, el Consejo de Seguridad Nacional y comités del Congreso estadounidense. En ese mismo entorno, el senador Marco Rubio ha advertido de una lista de actores mexicanos vinculados con el crimen organizado, y el propio presidente Donald J. Trump —de regreso en la Casa Blanca como presidente 47— ha instruido un endurecimiento de la política hacia México en temas de corrupción institucional y cooperación en seguridad.

Lo más preocupante no es que existan sospechas. Lo alarmante es la respuesta institucional mexicana: la negación, la minimización o, en el peor de los casos, la defensa abierta. El diputado federal y precandidato a la gubernatura de Baja California, Fernando Castro Trenti, no solo fue el primero en dar la bienvenida a Carlos Torres cuando este se incorporó a Morena, sino que ahora lo defiende, afirmando que “no ha dañado al partido”.

Pero el daño ya está hecho. No solo a Morena. A la credibilidad del gobierno estatal, a la posición internacional de México, y a la frágil relación bilateral con Estados Unidos, donde la cooperación en materia de crimen organizado, inteligencia financiera y seguridad fronteriza es más urgente que nunca.

En Washington, los mensajes ya no son velados. La cancelación de visas es el primer paso. Hay más de 300 mexicanos bajo observación por vínculos con redes criminales, entre ellos políticos, empresarios, artistas y funcionarios. Ya hay sanciones impuestas, como la del boxeador Julio César Chávez Jr., y hay nombres que se mencionan con frecuencia en los círculos de seguridad nacional: Andrés Manuel López Beltrán y José Ramón López Beltrán, por ejemplo, cuyo entorno comienza a moverse en respuesta al temor de aparecer en esas listas.

A pesar de esto, el gobierno mexicano ha optado por una postura reactiva, casi resignada. No hay estrategia de contención, ni diplomacia proactiva. Lo que debería ser una prioridad de Estado ha sido dejado al margen del debate público. Y mientras tanto, la narrativa desde EE.UU. se fortalece: México no coopera suficientemente. México no se limpia internamente. México no se hace cargo.

Lo más inquietante no es la presión externa. Es la ausencia de política interna para proteger la relación con Estados Unidos y, sobre todo, para proteger el interés nacional. Cada omisión, cada respaldo político a personas bajo investigación, cada silencio institucional, debilita a México como socio confiable, como Estado de derecho, como interlocutor válido.

La omisión de Marina del Pilar en la visita del embajador no es un hecho aislado. Es una señal de advertencia. Una de muchas. Pero como en toda crisis no atendida, las señales no desaparecen: se agravan.

RC Cobian