By Piolín News
La “Red de Mujeres Unidas por Baja California”, encabezada por su presidenta, Vanesa García y su vicepresidenta, Daniela García Salgado, presentará ante el Congreso del Estado de Baja California, una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con mayor severidad las uniones forzadas de niñas, niños y adolescentes.
Esta propuesta surge a partir de un planteamiento de la activista Eufrocina Cruz, quien convocó a la Red a trabajar en la materia. La comisión encargada de su elaboración estuvo integrada por las integrantes de la Red, Corina López y Blanca Maldonado, junto con especialistas en derechos humanos y perspectiva de género.
Aunque en México se han realizado esfuerzos legislativos, la práctica de matrimonios y uniones tempranas y forzadas sigue siendo un problema grave. De acuerdo con datos del INEGI y de organismos internacionales, “cientos de niñas y adolescentes en comunidades indígenas y rurales continúan siendo obligadas a casarse o cohabitar con adultos” cada año, lo que vulnera su salud, su educación y sus oportunidades de vida. En estados como: Guerrero, Chiapas, Estado de México, Coahuila y Michoacán, la prevalencia de matrimonios infantiles sigue siendo alarmante; en 2020 se registraron 27,800 adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años, que ya vivían en unión o matrimonio.
La iniciativa propone reformar el artículo 113 BIS para declarar “imprescriptibles” los delitos cometidos contra menores y adicionar un Capítulo V que tipifique el “delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años”con penas de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días de multa*, aumentando hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a pueblos o comunidades indígenas, afromexicanas, sea persona con discapacidad o pertenezcan a un grupo de atención prioritaria.
“No podemos seguir permitiendo que niñas y adolescentes vean truncado su futuro por prácticas violentas y discriminatorias. Es urgente reforzar la ley para garantizar su protección y su derecho a una vida libre de violencia”, afirmó Vanesa García, presidenta de la Red.
Por su parte, “Daniela García Salgado, vicepresidenta, señaló:
“Nuestra iniciativa no es solo un cambio legal, es una respuesta a una realidad que afecta a miles de niñas y adolescentes en Baja California y en todo México. Tipificar este delito y establecer penas más severas es un paso imprescindible para erradicarlo”.
La Red de Mujeres Unidas por BC hizo un llamado a las y los diputados del Congreso estatal a analizar y aprobar esta reforma, que armoniza la legislación de Baja California con compromisos internacionales como la “Convención sobre los Derechos del Niño”, la CEDAW y la “Convención de Belém do Pará” y que busca construir un Estado donde la infancia crezca libre de violencia y desigualdad.
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